Por Óscar Libón / Convoca y Álvaro Meneses / Wayka
Con la colaboración de Anthony Quispe Oré y Cristina Alvarado / Convoca
Publicado el 19 de agosto de 2018
Nuevos audios revelan que coordinó testigos para que el Juzgado Civil de Lurín declarase como propietarios de una casa de playa a la hermana del magistrado supremo y a su esposo. El predio, cuyo valor se estima en US$ 300 mil, les fue transferido por apenas US$ 7 mil por personas relacionadas a fundador del partido de Álex Kouri y Félix Moreno.
El suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi intervino de manera irregular en el proceso judicial que su hermana Edith Hinostroza Pariachi y el esposo de ella, Javier Yokokura Higa, iniciaron en el Juzgado Civil de Lurín en marzo de 2017 para convertirse en propietarios de una casa de playa en el balneario Los Pulpos, a 40 kilómetros al sur de Lima.
Tres nuevos audios policiales, documentos y diversas fuentes consultadas por periodistas de Convoca y Wayka, en alianza con La República y Ojo Público, permitieron determinar cómo el magistrado Hinostroza participó indebidamente en este litigio para beneficiar a su familia.
El proceso judicial finalizó a favor de Javier Yokokura y Edith Hinostroza, el martes 31 de julio reciente. Pero, ¿cómo ese predio de 267 metros cuadrados terminó a nombre ellos? El inmueble les fue transferido en enero de 2007 por Nelson Salazar Febres y Adela Ruiz de Castilla, los anteriores posesionarios, quienes residen en el Callao.
En la fachada del domicilio de los cónyuges Nelson Salazar y Adela Ruiz hay un panel publicitario con el que promueven la candidatura a la alcaldía de La Punta de Pío Salazar Villarán, exalcalde y fundador de Chim Pum Callao, el partido del recluido exburgomaestre Álex Kouri y del investigado gobernador regional Félix Moreno. Pío Salazar trabajó durante 17 años en la Corporación Drokasa, que preside el dirigente fujimorista José Chlimper.
La mencionada operación inmobiliaria en Lurín se efectuó cuando César Hinostroza actuaba como juez en la Corte Superior del Callao, donde desarrolló sus funciones por unos 14 años, entre 2001 y 2015. Es decir, en pleno auge del grupo político de Kouri y Moreno en la región chalaca. Incluso, Hinostroza fue presidente de esa corte de justicia dos veces, entre 2009 y 2010, y en 2015.
De acuerdo con la minuta de compra venta del predio, inscrita en la notaría Mas Cárdenas y a la que accedió Convoca, los esposos Salazar Febres y Ruiz de Castilla vendieron esa propiedad a la hermana y el cuñado del magistrado Hinostroza Pariachi en solo 7 mil dólares, mediante dos cheques de gerencia no negociables emitidos el jueves 18 de enero de 2007. En la actualidad, el valor de la referida casa de playa supera los 300 mil dólares, según personas de la zona encargadas de ventas y alquiler de inmuebles entrevistadas para este reportaje.
En medio de la injerencia encubierta del juez supremo, el martes 31 de julio último el Juzgado Civil de Lurín —que forma parte de la Corte de Justicia de Lima Sur— resolvió declarar fundada la demanda interpuesta por la abogada Edith Hinostroza y el ingeniero Javier Yokokura contra la inmobiliaria Urbanizadora Mar del Sur S.A. (empresa inactiva hace décadas).
“En consecuencia, se declara propietario por prescripción adquisitiva de dominio (demostrando la posesión continua por cinco o diez años) a los demandantes respecto del inmueble situado en Av. Honolulu (Las Gaviotas) manzana ‘J’, lote ‘50’, Prolongación Jahuay”, se lee en la sentencia expedida por el juez Julio Arbieto Huansi.
Un año antes, a las 2:05 de la tarde del jueves 28 de junio de 2017, la hermana de César Hinostroza había fallecido —a los 50 años— de un “infarto agudo de miocardio”, en la Clínica Centenario Peruano Japonesa, en Pueblo Libre, según el certificado de defunción al que tuvo acceso Convoca. Ella laboró hasta ese día en el gobierno regional del Callao, a donde ingresó en 2011, es decir durante la anterior y actual gestión de Félix Moreno como gobernador de la región chalaca.
Llamadas previas
La intervención de César Hinostroza en el litigio quedó registrada en tres grabaciones de interceptaciones telefónicas realizadas por agentes policiales como parte de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una organización que presuntamente conspiraba para obtener decisiones judiciales favorables a cambio de beneficios económicos.
Dos audios corresponden a la mañana del jueves 29 de marzo último, durante los días feriados por Semana Santa. Se trata de una conversación, entre el magistrado y una mujer que se identificó como “Susana, prima de Javier Yokokura”. El diálogo se interrumpió y fue retomado pocos minutos después.
“Cómo está doctor, qué tal. Doctor, disculpe lo molesto porque quería comunicarle que ya tengo el número de la sala y también el número de expediente”, se le escucha decir a la persona llamada Susana.
Ella y el juez Hinostroza coordinan una reunión en la casa del magistrado para el domingo 1 de abril, cuando este último retorne de su viaje a Junín.
“Sí, en la noche. Plan de ocho, nueve…”, le indica el juez.
Esta conversación telefónica tiene un trasfondo: el miércoles 24 de enero de este año, el Juzgado Civil de Lurín había programado para el jueves 19 de abril “la continuación de audiencia de pruebas”, con la declaración de los testigos ofrecidos por Javier Yokokura, ahora viudo de Edith Hinostroza, para acreditar que eran posesionarios del predio desde 2007.
Ante la ausencia de los testigos en el día previsto, el juez Julio Arbieto reprogramó la diligencia para el lunes 25 de junio.
Los testigos y el tremendo juez
Precisamente, el tercer audio es sobre la coordinación que realiza el magistrado Hinostroza, entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, para la presentación de tres testigos a favor de su cuñado.
La llamada telefónica fue grabada en la mañana del martes 5 de junio pasado, y los protagonistas son César Hinostroza y Orlando Páucar Culque, uno de los vecinos del balneario Los Pulpos, a quien diferentes posesionarios contratan para vigilar sus inmuebles y también ofrecer información de viviendas en alquiler o venta.
“Escúchame, este… te acuerdas que hemos ofrecido testigos para ese juicio que se está haciendo para el título, de mi hermana pues, de mi cuñado”, expresa el suspendido juez supremo.
En otra parte de la misma conversación, Hinostroza dice: “(…) Necesitamos solamente tres personas que den fe que son testigos que mi cuñado y mi hermana han comprado ese terreno hace varios años, nada más. Entonces, sería bueno que vayas tú, Lavado también, que está al costado, es amigo, el tarmeño. Yo lo voy a llamar a él. Y que vaya tu ‘ex’ pe’, ‘compare’, la señora…”.
El equipo de Convoca y Wayka logró identificar a esas personas y confirmar que, en efecto, se presentaron ante el Juzgado Civil de Lurín dos semanas después, el lunes 25 de junio.
Los “testigos” aludidos por el magistrado César Hinostroza son Francisco Pablo Lavado Rodríguez, Dionicia Romero Yajahuanca y el propio Orlando Páucar, de acuerdo con el acta de “continuación de audiencia de pruebas” consignado en el expediente judicial.
Las tres personas coinciden en sus declaraciones haber visto a los cónyuges Edith Hinostroza Pariachi y Javier Yokokura “en posesión del inmueble desde el 2007” y que los conocen “hace más de 11 años”.
Enredo supremo
Consultado por esta plataforma de investigación periodística sobre la demanda de su hermana y su cuñado en Lurín, César Hinostroza primero sostuvo: “No, no tengo conocimiento”.
Incluso, pretendió negar su injerencia durante el proceso judicial. “Yo estoy en otras cosas, no me dedico a juicios”, manifestó. Y también dijo que no conocía a Orlando Páucar, su interlocutor en uno de los audios.
Pero cuando se le informó de la existencia de las grabaciones, el juez supremo exclamó: “El tema de fondo es si hay delito o no hay delito en lo que uno hace, lo demás es escándalo” (Ver entrevista completa).
¿Y qué dicen los demás personajes de esta historia? El cuñado Javier Yokokura no aceptó una entrevista. “Yo no tengo nada que decirle a usted. (…) Publiquen lo que quieran, es un tema privado”, manifestó. Ante la insistencia para conocer su versión, negó que la intervención de César Hinostroza tuviera como objetivo beneficiarlo.
Uno de los testigos, Francisco Lavado Rodríguez, mencionado por Hinostroza como “el tarmeño”, negó conocer al magistrado y dijo: “Yo solo me acuerdo que firmé un documento certificando que eran mis vecinos (Yokokura y Edith Hinostroza)”.
Lavado agregó: “Esos lotes los vendió la municipalidad de Lurín (mucho antes). Cada uno está haciendo su prescripción adquisitiva. En el caso de ellos creo que están avanzando más rápido, pero el de los otros va más lento”.
Mientras que Adela Ruiz de Castilla, la anterior posesionaria del inmueble en Lurín, adujo que no recordaba a quiénes había vendido la propiedad debido a que transcurrieron “casi 30” años, a pesar de que formalmente se realizó hace 11 años. Las contradicciones y silencios de los personajes son tan reveladores como los audios.
Esta publicación forma parte de la serie investigativa 'Audios de la Corrupción' producido por Convoca, el diario La República, Ojo Público y Wayka que conforman la Plataforma de Investigación Periodística para echar luces sobre los hechos de corrupción y malas prácticas en el sistema de justicia en el Perú.