Por Eduardo Alonso García / @EduardoA_Garcia y Luis Enrique Pérez / @leperezpinto
Convoca.pe
Publicado el 26 de agosto de 2018
Registros policiales revelan nuevos encuentros entre el juez destituido y Óscar Peña, conocido como el ‘Rey de la pesca negra’, pocas semanas antes de iniciarse los juicios del empresario por compras sospechosas de terrenos al gobierno regional del Callao. Fiscalía estima que Estado perdió más de S/. 15 millones por esta operación realizada en la gestión de Félix Moreno.
El encarcelado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, se reunió al menos cuatro veces con el procesado empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, pocas semanas antes de que se inicien dos juicios en contra de este último por la adquisición irregular de terrenos al gobierno regional del Callao.
Según nuevos registros de seguimiento de la Policía obtenidos por Convoca, Ríos y Peña se reunieron para almorzar el pasado 8 de marzo en un ambiente privado del restaurante Don Fernando, situado en el distrito de Jesús María. No fueron los únicos encuentros reveladores como veremos en este reportaje publicado en alianza con La República, Ojo Público y Wayka, como parte de la Plataforma de Investigación Periodística.
Una reunión similar entre ambos se celebró en el mismo establecimiento seis días después, es decir el 14 de marzo último. Para entonces, el juez Gino Delzo Livias, del Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao ya tenía programada las citaciones a Peña por la compra sospechosa de los terrenos de Pachacutec y Oquendo.
La historia de los terrenos se remonta a mayo de 2011 cuando Félix Moreno estaba al frente del gobierno regional del Callao en su primera gestión. En esos días se subastó el exfundo Oquendo, de unos 70 mil metros cuadrados, en donde se tenía previsto la construcción de un Centro de Acopio y un Mercado Mayorista, pero que se terminó vendiendo a un precio presuntamente subvaluado a la Inmobiliaria Estefanía S.A.C., de propiedad de Óscar Peña.
Según la acusación del fiscal anticorrupción del Callao, Wils Gonzales Morales, la transacción con la compañía del empresario pesquero ocasionó un perjuicio al Estado de más de 10 millones de soles.
La situación se repitió en octubre de 2012 con la subasta del terreno de Pachacutec de más de 247 mil metros cuadrados que terminó en manos de la empresa Pesquera Liviamar SAC, ligada también a Peña. La operación generó una pérdida para el Estado equivalente a 4 millones 868 mil soles debido a que el predio no fue vendido a su precio real, según las investigaciones del fiscal Hugo Hermoza.
Los amigos del Callao
El pasado 26 de marzo y 4 de abril, el destituido juez Ríos y Peña se volvieron a reunir en el restaurante Costanera 700, de Miraflores, para almorzar y sostener conversaciones que se prolongaron por horas, según los reportes policiales. Era un momento importante. El juez Gino Delzo Livias, del Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao, ya preparaba la programación del inicio del juicio oral contra Peña por la compra sospechosa de los terrenos de Pachacutec y Oquendo.
Pero, además, la reunión del 4 de abril en La Costanera 700 revela el interés de Peña de ampliar sus vínculos en la Corte del Callao. Un informe de seguimiento policial confirmó que en el encuentro participó el juez Orlando Tapia, quien integra la Primera Sala de Apelaciones de esta corte. Una eventual apelación de Peña ante una sentencia en su contra, podría caer en la sala de Tapia, según diversos fiscales y jueces consultados.
Peña aseguró que tuvo reuniones con el entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, porque mantiene con él una “relación amical”. En todo momento, minimizó el hecho de que sus encuentros se hayan producido a pocas semanas del inicio del juicio oral que enfrenta por los terrenos de Oquendo y Pachacutec en la misma corte. “¿En qué puede influir el señor Ríos?”, preguntó Peña obviando la red de corrupción y de influencias que lideraba el juez. Hoy Peña se encuentra fuera del país, según afirma, por asuntos de salud.
Los procesos sobre los terrenos que enfrenta el empresario evidencian graves irregularidades. Para la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción, José Luis Casado Pinedo, representante de la empresa Corporación Nacional de Tasadores S.A.C., hizo una tasación del precio del terreno con “información falsa” y subvaluó “el precio comercial del terreno” de Pachacutec.
Casado Pinedo fue el mismo que tasó los terrenos de Oquendo contratado por el gobierno regional del Callao. Según las autoridades que investigan el caso, la Corporación Nacional de Tasadores S.A.C. no es una entidad con experiencia reconocida y acreditada en tasaciones de bienes estatales y tampoco cuenta con la competencia establecida por el Ministerio de Vivienda.
El último viernes, durante las audiencias del caso Pachacutec y Oquendo dirigidas por el juez Gino Delzo, el manejo irregular del precio de los terrenos fue uno de los puntos más importantes. Casado Pinedo fue interrogado por los terrenos de Oquendo. Mientras que los ingenieros Efraín Alatrista Gómez y Manuel Carrasco Angulo, peritos acreditados por el Ministerio de Vivienda, ratificaron que los predios fueron subvaluados por montos millonarios.
Varias empresas, un postor
En las subastas de los terrenos de Oquendo y Pachacutec, hay irregularidades que se repiten. En el listado de postulantes para la adquisición de ambos predios, aparecen diversas compañías ligadas a Peña que se presentaron a la subasta: Fundo Doña Licha S.A.C., Edferhope EIRL, Inmobiliaria Estefanía S.A.C. y Conveg S.A.C. que según registros públicos adoptó el nombre de la empresa pesquera LSA Enterprise Perú SAC.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Anticorrupción del caso Oquendo a la que tuvo acceso Convoca.pe, Peña Aparicio y su hijo Óscar Peña Macher se asociaron durante la subasta del predio con los miembros del Comité de Selección formado en la primera gestión del gobernador regional del Callao Félix Moreno. Como consecuencia, resultó ganadora Inmobiliaria Estefanía S.A.C., que tiene como fundador al empresario pesquero.
Para la Fiscalía, las representantes de las empresas y los funcionarios se pusieron de acuerdo para dar “la apariencia de concurrencia de postores”. Entre las siete compañías que mostraron su interés en participar de la subasta pública de Oquendo, aparecen el Fundo Doña Licha S.A.C., que fue fundada por Óscar Peña, y LSA Enterprises Perú S.A.C. que tiene al empresario como presidente del directorio.
Pero hay más. Dos funcionarios de la gestión Moreno fueron miembros del Comité de Selección de las dos subastas sospechosas. Ellos son Miguel Ángel Asencios Vega, quien era jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial, y Eber Ramírez Sánchez, entonces gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Ambos aparecen involucrados en el contrato del tasador que determinó un monto subvaluado de los terrenos, según la denuncia fiscal.
Los funcionarios del Callao también permitieron que participen en la subasta pública del terreno de Pachacutec compañías que fueron dadas de baja. No debieron ser consideradas como postoras.
Con esta modalidad los implicados quisieron dar la impresión de un concurso con varias compañías interesadas cuando en realidad se buscaba direccionar el otorgamiento de la buena pro a favor de Pesquera Liviamar S.A.C., también vinculada a Óscar Peña Aparicio, refiere la acusación fiscal.
Peña aseguró a Convoca.pe que las subastas se realizaron de manera “limpia y transparente”. Y cuando se le preguntó por qué varias de sus empresas figuraban como postores, respondió que eso “no estaba penado” y que era una práctica común de las compañías para tener “un mayor chance”. Era una estrategia comercial. “Si hubiera algo escondido, usted no presentaría varias empresas sino una sola porque usted ya ganó”, apuntó.
Representantes de otras tres compañías, que no formaban parte del conglomerado de Óscar Peña, aseguraron en algunos casos que compraron las bases de la subasta pero no participaron. Otros refirieron que no tenían conocimiento de esta venta, según las indagaciones fiscales.
En su acusación, el Ministerio Público solicitó cinco años de prisión para todos los implicados en los casos Oquendo y Pachacutec, entre ellos el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, el empresario Óscar Peña Aparicio y su hijo Óscar Peña Macher por delito de negociación incompatible contra la administración pública.
Entrevistado por este medio digital, Lucio Morales, presidente de la Central Única de Asociaciones y Cooperativas del Proyecto Pachacutec, aseguró que la compra de estos terrenos presuntamente subvaluados afecta a miles de pobladores del Callao. Para ellos, el empresario pesquero se ha apropiado de manera ilegal de estas tierras al diseñarse subastas prácticamente a la medida de un solo postor.
